El gobierno dispuso por decreto el pago en efectivo de 6.706 millones de dólares acudiendo a nuestras reservas y se posterga una vez más la anunciada distribución del ingreso.
Se nos dijo hasta el cansancio que la discusión por las retenciones era para avanzar en una mejor distribución y para ello se pensaba en una recaudación de 1.500 millones de dólares para hacer efectiva la distribución progresiva del ingreso. Entonces se sospechaba que el destino era el pago de la deuda (así lo manifestó Néstor Kirchner) y el decreto del 2/9/08 confirma las sospechas del uso de recursos públicos para atender primero la deuda externa y no la interna, la que registra a 93% de trabajadores jubilados por debajo de la línea de la pobreza; 75% que perciben el ingreso jubilatorio mínimo; un cuarto de los argentinos en situación de pobreza, y más de un 15% de trabajadores desocupados y subocupados, agravado con más del 30% de trabajadores en situación laboral irregular sin seguridad social alguna.
Diputados ha aprobado la ley de movilidad previsional que desconoce lo resuelto por la Corte de Justicia nacional en sentencias firmes y consentidas, alejando definitivamente la posibilidad de acceder al 82% para jubilaciones y pensiones y el pago de las deudas a miles de trabajadores pasivos, alentando, con estas iniciativas legislativas a qué Gobernadores cómo Schiaretti y Scioli, modifiquen los sistemas de previsión locales, vaciados por sucesivas administraciones con la complicidad de dirigentes sindicales claudicantes.
Esa es la deuda interna que hay que pagar y ahora vuelve a ratificarse que existen recursos disponibles suficientes. Si existen fondos para los acreedores externos, también se puede luchar para un destino que satisfaga la demanda de los de abajo. Desde la CTA sostenemos la necesidad de establecer políticas universales para los menores, desocupados y mayores sin asistencia previsional. Los recursos existen y son los 9.500 millones de dólares con que se pagó al FMI en enero del 2006 y los 6.706 millones de dólares destinados ahora al Club de los poderosos con asiento en París. Desde el 2003 hasta ahora suman más de 30.000 millones de dólares esterilizados en pagos al exterior que empobrecen la posibilidad de resolver los problemas de los trabajadores.
Una vez más se privilegió al poder económico mundial cumpliendo con los acreedores externos. El poder económico local saludó la medida. Lo mismo hicieron en el exterior. El poder sostiene que esta medida contribuirá a reducir la tasa de interés para los créditos que ellos puedan obtener en el mercado mundial. Difícilmente eso se traslade a los sectores pequeños y medianos de la economía y mucho menos a los trabajadores y sectores de menores ingresos. La deuda que hay que pagar es con los más necesitados. Esa es la asignatura pendiente para asegurar la distribución del ingreso. Se acaba de legitimar una vez más una porción de la ilegitima deuda externa y se traslada como costo al conjunto de la sociedad y nuevamente se soslaya que la constitución demanda que para asuntos de la deuda el que debe intervenir es el Congreso.
La Justicia argentina se pronunció en su momento con la sentencia del Juez Ballesteros en el juicio iniciado por Alejandro Olmos contra la dictadura militar y el equipo de Martínez de Hoz, verdaderos artífices de la hipoteca que hoy subordinan la economía y la política en aras de pagar la deuda. El Juez Ballesteros derivó la sentencia al Parlamento, pero queremos insistir que la propia Constitución Nacional otorga un lugar irrenunciable al Parlamento.
La CTA ha mantenido una posición activa y por unanimidad el NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA a través de sus congresos nacionales y por eso reafirmo esas banderas para denunciar que con el pago al Club de París, el gobierno vuelve a privilegiar los intereses de los poderosos y que la deuda se paga con el hambre del pueblo. Es imperioso investigar el origen de la deuda y afirmar la tradición histórica asumida contra las deudas ilegítimas calificando a la deuda asumida por la dictadura como deuda odiosa, al tiempo que debe estudiarse y juzgarse a todos los funcionarios involucrados en negociaciones que taparon la posibilidad de investigar a fondo el origen de la deuda. Todos los turnos de gobierno constitucional hicieron su renegociación a espaldas al Congreso y al Pueblo.
Desde la CTA debemos movilizarnos contra el vaciamiento del sistema previsional solidario con sustento constitucional, al cual hemos aportado durante toda nuestra vida laboral.
Desde la CTA, recuperando el mandato histórico debemos movilizarnos contra el pago de la deuda espuria, ilegal e ilegitima, por una investigación a fondo de la misma y por asociar a la Argentina a la estrategia de No pago que siguen otros países y especialmente el movimiento de resistencia mundial que reclama nuestro carácter de acreedores. La deuda ya la pagamos en repetidas ocasiones. Los acreedores somos nosotros, los trabajadores y el pueblo
* secretario de Interior de la CTA
No hay comentarios:
Publicar un comentario