por Luis Lafferriere
La Presidenta de los argentinos acaba de anunciar que el país pagará la totalidad de la deuda reclamada por el poderoso y usurario Club de París. Se trata de un monto de 6.700 millones de dólares que serán cancelados con divisas de las reservas del Banco Central.
El anuncio generó el aplauso cerrado del grupo de grandes empresarios que estaban presentes en la Casa Rosada para festejar el Día de la Industria, quienes se pusieron de pie en reconocimiento a este acto de sumisión oficial al imperio, que despeja una vez más las dudas que puedan existir acerca del supuesto carácter ‘nacional y popular’ de quienes nos gobiernan desde el año 2003.
El Club de París es uno de los tantos organismos internacionales controlados por los países capitalistas centrales y utilizados como instrumento de dominación de los países del tercer mundo. Este organismo se había echo acreedor de la Argentina merced a operaciones que favorecieron al gran capital concentrado nacional y extranjero, promoviendo la especulación financiera y la fuga de capitales, en abierto perjuicio de los intereses de los sectores mayoritarios de nuestra sociedad.
La mayor parte de la deuda que se cancelará es abiertamente ilegítima, ya que tuvo origen durante la última dictadura militar y está sujeta por lo tanto a la teoría de la ‘deuda odiosa’. Esto significa que fue asumida por un gobierno no democrático, que no se usó en beneficio de la población, y que ambos hechos eran conocidos por quienes dieron esos préstamos. Por esa razón, debía repudiarse lisa y llanamente.
Otra parte importante provino de un crédito que otorgó el gobierno de España a la Argentina en el año 2001, en momentos que se aproximaba el fin de la convertibilidad, para acercar las divisas que luego las empresas españolas radicadas en la Argentina utilizarían para fugar y dejar las arcas vacías, antes de establecerse el corralito que encerrara a los miles y miles de pequeños ahorristas estafados por Cavallo y el gobierno de la Alianza.
Si es repudiable en sí el hecho de pagar este tributo ilegítimo al imperio, cuando esas divisas sólo sirvieron para alimentar la especulación, permitir el saqueo de nuestro país, y apoyar la destrucción y entrega de nuestras empresas públicas; más repudiable se torna en los momentos actuales, donde las carencias que afectan a millones y millones de argentinos se hacen sentir con fuerza, a pesar de la supuesto bonanza económica.
Resulta que para evitar la pérdida del poder adquisitivo de nuestros jubilados no hay fondos. Para evitar el enorme deterioro que sufre el sistema de salud pública no hay fondos. Para recuperar algo del daño sufrido por el sistema educativo tampoco existen fondos. Ni para un ingreso mínimo que alivie la situación de más de la mitad de los menores argentinos en situación de pobreza e indigencia. No hay plata para que las provincias recuperen sus recursos legítimos apropiados por el Estado nacional, ni para que los trabajadores públicos recompongan sus deteriorados salarios.
Por otro lado, para paliar las consecuencias de las duras sequías de algunas provincias argentinas se usan algunas chirolas miserables. Para promover a las decenas de miles de pequeñas y medianas empresas se dispone de un limitadísimo fondo. Para desarrollar el sistema científico y tecnológico hay más declamaciones que recursos. Para ayudar a las finanzas provinciales en déficit no hay dinero.
Pero si se trata de cumplir con el pago de una deuda ilegítima como la que se pagará al Club de París, que representa más de veinte mil millones de pesos, para eso sí existen fondos. Como también existen para proponer que el Estado (es decir los argentinos) se haga cargo de una deuda de casi 900 millones de dólares provenientes del vaciamiento de una empresa como Aerolíneas Argentinas, que mientras fue de propiedad pública estaba entre las más seguras del mundo. Y como también existieron casi diez mil millones de dólares para saldar por anticipado una deuda también ilegítima con el FMI dispuesta por Néstor Kirchner en el año 2005.
¿Por qué razón no se investigó previamente el origen de este endeudamiento y el destino de las divisas recibidas? ¿Por qué motivo no se dio previa intervención al Congreso de la Nación, que es el poder que debe decidir sobre estos temas, como lo dispone taxativamente nuestra Constitución? ¿Qué argumentos esgrime el gobierno para justificar este acto de entrega vil de nuestros recursos a la rapacidad imperial?
Se sostiene que con esta cuestionable operación la Argentina recuperará la confianza de ‘los mercados’, de que era necesario pagar esa deuda para lograr el visto bueno de los inversores externos, de que el país necesita crear un clima favorable para la radicación de nuevas empresas, etc. Los mismos argumentos que han sostenido los distintos gobiernos entreguistas que tuvimos desde mediados de los años ’70, incluyendo a Martínez de Hoz, los hermanos Alemann, Cavallo, Roque Fernández, Machinea, Lavagna y muchos más, todos seguidores del fundamentalismo neoliberal.
Sin embargo, ser confiables para los inversores y para los mercados no garantiza para nada que le vaya mejor a la gente, sino todo lo contrario. Durante la dictadura fuimos muy confiables, lo mismo que durante los años ’90. Y así nos fue! Por otro lado, no existen evidencias de que un país pueda desarrollarse a partir los inversores externos o aplicando políticas de libertad de mercado. Mucho menos si las prioridades gubernamentales pasan por acceder a pagar dudosas deudas antes que promover las actividades productivas o mejorar las condiciones sociales.
Cuando el discurso oficial critica las políticas de los ’90 y habla en contra del neoliberalismo genera cierta expectativa. Sin embargo, si analizamos el comportamiento efectivo vemos que la realidad avanza en sentido contrario a las palabras: la gestión de los Kirchner pagó más de 50 mil millones de dólares por la deuda pública (sin contar el anuncio de hoy), pero el país actualmente debe más que a fines del 2001. Cada año la deuda crece alrededor de diez mil millones de dólares y seguimos pagando cada vez más, dejando en claro por dónde pasa la anunciada ‘redistribución’ de la Presidenta.
Lamentablemente no nos equivocamos cuando afirmamos que los gobiernos K son la continuidad esencial del mismo proyecto de concentración, saqueo y genocidio iniciado a mediados de los años ’70 en la Argentina, profundizado durante la década del ’90, y reconstituido con la máscara progresista desde el 2003, cuando la sociedad venía repudiando abiertamente el discurso neoliberal reclamando cambios de rumbo.
Y si bien desde entonces hubo un fuerte cambio de discurso, siguieron las mismas tendencias estructurales, las mismas políticas esenciales y los mismos responsables de llevarlas a cabo, lo que dio como resultado un escenario con los mismos beneficiados y los mismos perjudicados.
Ante este panorama, consideramos que es necesario bregar por una comunicación más transparente y por una mayor información, que permita a los argentinos conocer lo que sucede más allá de los fuegos de artificios del discurso ‘setentista’, y que ponga al descubierto la verdadera trama del modelo neocolonial que no resuelve los graves problemas de nuestra sociedad. Es la única manera de comenzar a construir una alternativa que ponga como centro de las preocupaciones de las políticas públicas la mejora de la calidad de vida de la gente, antes que servir como gestores del poder en una sociedad para muy pocos.
Desde nuestro Proyecto de Extensión aportamos nuestro granito de arena en la tarea de difundir otra mirada, en la búsqueda de una nueva economía como base de una nueva sociedad, confiando en que sólo el protagonismo de todos será la garantía para frenar el proyecto depredador y comenzar a transitar por el camino del cambio social.
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